Aguadulce, Panamá — El abogado Julio Pinzón, figura reconocida en el ámbito legal coclesano, ha encendido las alarmas con un contundente pronunciamiento que estremece los cimientos del sistema judicial panameño.
Pinzón expone el caso de un joven actualmente privado de libertad por expresar opiniones críticas en redes sociales, lo que —según el abogado— constituye una grave violación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la libertad de pensamiento y expresión.
“No se está juzgando un delito, se está castigando una opinión”, declaró Pinzón, quien advierte además una preocupante intromisión de poderes políticos en decisiones judiciales, comprometiendo el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución panameña.
El jurista también pone en tela de duda la legalidad del proceso, señalando irregularidades procesales, como detención sin audiencia expedita y ausencia de pruebas contundentes. “El Estado no puede utilizar su fuerza para silenciar al pueblo”, remató.
Este caso plantea una peligrosa tendencia: la criminalización del pensamiento libre en un país que se dice democrático.
¿Se está vulnerando el derecho a disentir en Panamá?
La justicia está bajo la lupa. El pueblo observa. Y la historia juzgará.
